La posible privatización de la línea 2 del Tram carece de precedentes en España
Obras de la línea 2 del Tram en la zona norte de Alicante PILAR CORTÉSEl capital externo en trenes y tranvías de gestión mixta ha entrado desde el inicio y no con parte de la obra ejecutada
A. TERUEL -Diario InformaciónLa posible privatización de la línea 2 del Tram, que conectará Alicante con San Vicente y la Universidad, no tiene ningún precedente en España en los términos en los que ha sido planteada desde la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. En distintas comunidades existen ya ferrocarriles y tranvías con fórmulas de gestión mixta, pero, en todos esos casos, el capital externo ha estado presente desde un principio, con la creación de empresas específicas, participadas por las administraciones públicas pero también con capital externo.
Esas sociedades concesionarias han sido las encargadas de construir las redes de transporte en cuestión y, posteriormente, explotar sus líneas. Mientras tanto, las administraciones públicas conservan la titularidad de las infraestructuras, habitualmente a través de consorcios. Éste es el sistema seguido en los tranvías de Barcelona -que también utilizan la marca comercial Tram-, Madrid -los denominados "metros ligeros"- y Parla, así como en el metro de Sevilla, según la información corporativa que ofrecen las propias compañías.
En cambio, las obras de la línea 2 del tranvía de Alicante se han ejecutado hasta ahora íntegramente con dinero público, a través del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP). La inversión total prevista es de más de 81 millones de euros, y todos sus tramos están en ejecución, algunos en una fase bastante avanzada. La búsqueda de financiación es uno de los argumentos expuestos por la Conselleria para estudiar la posible entrada de capital privado.
Desde la plataforma Alicante por un Tranvía Público (ATP) consideran "lamentable" que el Consell no pueda "disponer de recursos económicos para finalizar las obras", cuando el propio GTP, dicen, "financió con dinero público los más de 90 millones de euros que costó llevar una carrera de Fórmula 1 a Valencia". Asimismo, critican que "el conseller no aporta más datos de esa posible concesión privada" en la línea 2, lo cual tachan de "perversa desinformación, oscurantismo y falta de transparencia".
El colectivo insiste en denunciar el "retraso indiscriminado y permanente de las obras" y estima que alegar que con la privatización la línea se acabará antes es una muestra de "incapacidad". Por ello, reitera en exigir una gestión directa, que evitaría un "atraco a las arcas públicas" y la "merma de seguridad de los usuarios", que a su juicio se produciría con un sistema de concesión.
